Allanamiento de morada, usurpación de bienes inmuebles y medidas cautelares en ocupaciones ilegales de vivienda

El pasado 15 de septiembre, la Fiscalía General del Estado emitió un documento dirigido a todos los fiscales del territorio nacional resumiendo la normativa aplicable en el caso de ocupaciones ilegales de viviendas.
En este documento, la Fiscalía general del Estado hace un resumen de los conceptos de allanamiento de morada, usurpación de bienes inmuebles, el desalojo como medida cautelar… etc
En el documento emitido por la Fiscalía, se hace especial mención a la posibilidad de solicitar el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas como medida cautelar al formalizar una denuncia de ocupación o en cualquier otra fase del procedimiento.

Este aspecto está dirigido explícitamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, recordándoles la documentación explícita que ha de estar contenida en la denuncia, como la obligación de las autoridades en comunicar a la Fiscalía todas las denuncias, formalizadas tanto en dependencias policiales, como en los juzgados de Guardia o primera instancia.
Por último, la Fiscalía General del Estado hace mención a las especiales circunstancias por las que no se debe hacer efectivo el desalojo de una ocupación ilegal. Estas circunstancias tienen en consideración la posibilidad de que los infractores sean personas en una situación vulnerable, tengan menores a su cargo o haya algún miembro que presente alguna discapacidad o movilidad reducida. En este caso, se pondrá en conocimiento de los servicios sociales que busque una solución antes del desalojo.
El documento emitido por la Fiscalía sobre el allanamiento de morada, usurpación de bienes inmuebles y medidas cautelares en ocupaciones ilegales de vivienda, hace referencia alas bandas organizadas que en los últimos tiempos hacen negocio con la ocupación ilegal.

Para prevenir situaciones en las que se vulneren los derechos de los propietarios, ya sean en viviendas habituales, o segunda residencias, la Fiscalía General del Estado solicita a todos los fiscales del territorio nacional su cooperación y unificación de criterios sobre este tema.
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